Continuación del artículo “Las estadísticas de calidad: factor clave en el abordaje de la discapacidad“, reseña de la primera conferencia de la Plataforma Europea de Sordos, Hipoacúsicos y Sordociegos
El desconocimiento de las dimensiones y características de la población con discapacidad impide cualquier auténtico progreso en materia de políticas asistenciales específicas.21/11/2012
Las limitaciones en cuanto a los mecanismos empleados para el adecuado reconocimiento de la población con discapacidad en Europa no son meramente estadísticas. Los representantes de Eurostat reconocieron en el evento de Bruselas que organizaciones como la Plataforma no suelen ser la habitual fuente de valoraciones para las instituciones europeas: “Es muy raro tener contacto directo con plataformas como la vuestra. Prácticamente todos los expertos consultados vienen de agencias nacionales o el DG de Justicia de la Comisión Europea. Tampoco se consultan a representantes de colectivos discapacitados ni ONG’s”. El trato burocrático de una realidad tan humana no puede sino dejar grandes vacíos en el diseño de unas políticas asistenciales que acaban siendo erróneamente enfocadas.
Confirmadas ambas problemáticas, esenciales en el abordaje de esta discapacidad, la mesa redonda giró en torno a la adecuación de las políticas públicas. El futuro de la Accesibility Act y el plan de crecimiento Europa 2020 desde la perspectiva de la discapacidad, fueron algunos de los temas debatidos.
En esta línea, Erik Somelar, Alto funcionario de la DG de Justicia de la Comisión Europea reveló algunos detalles de la Ley de Accesibilidad Europea, aún en construcción: “Se suponía que saldría en Diciembre, pero ha habido retrasos. Parece que la propuesta será sobre la base legal del mercado interior. Será principalmente sobre productos y servicios comunes, pero no creo que se olviden de los dispositivos asistenciales. Está bastante claro que ahora mismo son demasiado caros”. En este sentido también queda mucho por hacer.
También intervino, Lázlo Lovászy, miembro del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, quien recordó que la dificultad de inserción laboral que supone este tipo de discapacidad “las personas con discapacidad están habitualmente entre los más vulnerables de los trabajadores, aquellos que carecen de habilidades específicas, puesto que es tres veces menos probable que continúen su aprendizaje que el resto de la población”.
Ya sobre la base de este completo panorama, Stephanos Grammenos, de la Academic Network of European Disability Experts expuso algunos datos sobre la realidad socio-asistencial de las personas con discapacidad. Así, detalló que “un 8% de europeos se declaran a sí mismos discapacitados, un 5% recibe algún tipo de ayuda financiera por su discapacidad y un 37% de discapacitados están en riesgo de pobreza. Esto puede compararse con el 22% de personas sin discapacidad que están en el mismo riesgo”. La situación expuesta por Grammenos, basada en un estudio de 2010, podría haber empeorado debido a la difícil situación económica actual.
Por todo ello, la Plataforma quiere instar a la Comisión Europea a trabajar hacia la armonización entre los 27 estados miembros en materia de estadísticas de la discapacidad. Este factor se revela como definitivamente diferencial para el correcto abordaje de la realidad de una significativa porción de la población europea. El desconocimiento de las dimensiones, características y necesidades particulares de este conjunto impide, muy a pesar de los esfuerzos de buena voluntad, cualquier auténtico progreso en materia de políticas asistenciales específicas.
A la conferencia asistieron, entre otros, representantes grupos políticos del parlamento europeo, altos funcionarios de la Comisión Europea y representantes de otras importantes instituciones europeas, como el Defensor del Pueblo Europeo o la Agencia Europea para el desarrollo de las necesidades especiales en la educación. En cuanto a la presencia española, destacaron la asistencia de Inmaculada Placencia, adjunta a la dirección de la Unidad de Discapacidad de la DG de Justicia de la Comisión Europea; Victoria Soriano, miembro de la Agencia Europea de Desarrollo de las Necesidades Especiales en la Educación, e Ignacio Pérez, de la Comisión de Competencia que dirige el Vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia.
