El encuentro de la FESOCE contó con la participación de la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, así como de representantes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y en el Senado

08/04/2022

Encuentro de los representantes de la FESOCE con el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y el Senado

El estado de las atenciones a la sordoceguera en España fue motivo de una reunión con representantes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El encuentro tuvo lugar el pasado 4 de abril con el objetivo de exponer los retrasos que en el área legislativa lastran la atención a la sordoceguera, así como las necesidades no atendidas por las políticas públicas de financiación.

El encuentro contó con la presencia de Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Javier Bas, portavoz adjunto de la Comisión de Hacienda y Función Pública, Alicia García Rodríguez, portavoz de Derechos Sociales, Elvira Velazco Morillo, portavoz de Sanidad. Por la parte del Senado, asistieron Bienvenido de Arriba y Verónica Casal Mínguez, portavoz y viceportavoz respectivamente de la Comisión de Derechos Sociales. También, Violante Tomás Oliveros, y Amaya Landín Díaz, portavoz y viceportavoz en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Los representantes de FESOCE, Ricard López y María Jesús Monterde García, presidente y secretaria, explicaron los continuos retrasos y la falta de voluntad política para garantizar atenciones a todo el espectro de la sordoceguera. Destacaron el accidentado recorrido del Proyecto del Reglamento de la ley 27/2007 que con más de 10 años de retraso resultó en un documento que otorgaba funciones equivalentes al mediador que al intérprete de lengua de signos y no incluía previsión presupuestaria para el pago de los profesionales de la mediación comunicativa, mostrando una absoluta incomprensión de la naturaleza intrínseca de esta discapacidad. Una situación semejante a la que causa la falta del estudio demográfico sobre la población sordociega en España, también previsto en la citada ley.

Asimismo, expresaron su preocupación por la falta de transparencia en la asignación de ayudas públicas al sector. Un caso reciente es el Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector. En un contexto aún de reciente confinamiento, la Administración decidió una distribución estatal de recursos para la sordoceguera que solo llegó a dos de las tres entidades del sector. Sin ningún tipo de argumento se dejó fuera a la FESOCE, siendo la cantidad repartida entre las otras dos entidades de más de 400.000 €.

Leer: Real Decreto-ley 33/2020: falta de transparencia en las ayudas a la sordoceguera

Por parte de los asistentes por el Grupo Popular hubo interés en conocer el alcance que estas restricciones suponen para el colectivo. A tal fin se comentaron proyectos de desinstitucionalización y promoción de la autonomía que a falta de recursos han tenido que ser suspendidos o que avanzan con gran dificultad. Es el caso de la atención a domicilio de personas sordociegas altamente dependientes, del programa de pisos de Vida independiente y de los mediadores educativos para menores sordociegos en el entorno escolar.