La sordoceguera en el Reglamento de la ley 27/2007

La sordoceguera en el Reglamento de la ley 27/2007 sale mal parada: sin atenciones 1 a 1, sin la inclusión del guía intérprete ni del mediador y sin cifras que justifiquen las previsiones realizadas

04/12/2018

La sordoceguera en el Reglamento de la ley 27/2007

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La “singularidad”* de la sordoceguera. Críticas a la interpretación normativa**

**Artículo originalmente publicado en “SC Revista de Sordoceguera”. Nº VI, noviembre 2018

La sordoceguera lleva más dos décadas intentando hacerse sitio en el mapa de las discapacidades. En el imaginario social predomina la idea errada de que se trata de sumar a la sordera ceguera, o viceversa. Un enfoque que se extiende, con lamentables consecuencias al Reglamento de la Ley 27/2007, un texto normativo crucial para esta discapacidad.

En la anterior edición de esta revista, de octubre 2017, la FESOCE manifestaba su sorpresa y disconformidad con el redactado del Reglamento de la Ley 27/2007 de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Convocado por el Ministerio de Sanidad, el Grupo de trabajo del Reglamento había dedicado meses al análisis del articulado. Las entidades dispusieron de un plazo para enviar sus propuestas, a partir de las cuales el Ministerio preparó el redactado final, que debía reflejar los planteamientos recibidos.

En el mes de octubre esta Federación constató que ninguna de las aportaciones por esta realizadas habían sido consideradas, en ningún aspecto. La sorpresa y el malestar causados fueron reflejados en el citado artículo, cuya publicación resultó en una convocatoria de urgencia al despacho de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. La reunión tuvo lugar el día 21 de noviembre de 2017 y terminó con una agenda de intenciones sin resultado conocido.

Sordoceguera en el Reglamento de la ley 27/2007

Publicado en la página web del Ministerio de Sanidad, el Proyecto de Real Decreto del Reglamento de la Ley 27/2007[1] es el instrumento normativo que desarrolla las condiciones de utilización de las lenguas de signos españolas y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. En él se establecen las medidas de accesibilidad, los profesionales y los recursos económicos destinados a la atención de estos tres grupos.

Por tan evidente motivo, las entidades se emplearon a fondo en definir y establecer el tipo de atenciones requeridas. Un perfil asistencial diferente para cada colectivo, y cuya especificidad debía verse reflejada en el redactado.

Un aspecto clave para conocer hasta qué punto este proceso se ha producido es el análisis del propósito del Reglamento. Definido en su Título Preliminar, el texto establece que el objeto es el desarrollo de la citada ley en las siguientes materias: a) La utilización de la lengua de signos española, b) La utilización de los medios de apoyo a la comunicación oral (p. 3). Dos objetos a los que siguen tres Títulos específicos:

TÍTULO I. Aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos española.

TÍTULO II. Aprendizaje, conocimiento y uso de los medios de apoyo a la comunicación oral.

TITULO III. Sordoceguera.

Se ve una clara correspondencia entre el Título I y el primer objeto (lengua de signos); así como entre el Título II y el segundo objeto (medios de apoyo). Sin embargo, el Título III (sordoceguera) no ve recogida su razón de ser en ninguno de los dos objetos. El proyecto de Real Decreto del Reglamento de la Ley 27/2007, ¿no tiene por objeto la atención a la sordoceguera?

Recursos compartidos, usos diferentes

Resulta confusa esta situación cuando el Reglamento utiliza repetidamente personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas como beneficiario directo, y siempre en conjunto, de las medidas desarrolladas, alimentando así la idea de que todos los colectivos han sido debidamente contemplados.

Si bien es cierto que la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación son recursos de uso compartido, cada colectivo hace uso de ellos de una manera particular, en función de sus necesidades específicas. De aquí la importancia de las aportaciones generadas en el marco del Grupo de trabajo. La omisión de las indicaciones para la sordoceguera resulta en un redactado que, pese a las buenas intenciones, no contiene propuestas realmente adaptadas a las necesidades de este colectivo.

Omisión del 1:1 de la sordoceguera

La primera gran falta, y de innegable trascendencia, es la ausencia de atenciones 1:1. El redactado ha olvidado que el principal rasgo de las atenciones a las personas sordociegas es el cálculo de un profesional por cada usuario. Es el estándar, por causa de las especiales características de esta discapacidad, que requiere del uso específico y continuado de la comunicación táctil.

Con muy raras excepciones es posible proveer atenciones que no sean para un único usuario en un momento determinado. Esta, que es una de las principales diferencias entre las atenciones a las personas sordas y las sordociegas, no se encuentra recogida en ningún campo. Incomprensiblemente, no se halla ninguna indicación a atenciones individuales o al cálculo de profesionales en la misma cantidad que la de personas atendidas.

Primera paradoja: “singularidad”*

En su Artículo 4. Principios, el Reglamento invoca como primer valor la singularidad. Por su parte, la Memoria del análisis de impacto normativo[1], especifica: “Singularidad” hace referencia a la esencia de lo diferente, al conjunto de características individuales, a peculiaridad o cualidad. Se puede hablar de la singularidad de un colectivo“ (p. 23, el destacado es nuestro).

La contradicción surge al reflexionar que, si con “singularidad” quiere destacarse lo que es particular y diferente, ¿por qué el Reglamento funde tres colectivos en uno? No es singular el colectivo de “personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”. Es singular cada uno, por separado, tres colectivos.

¿Peca entonces el propio Reglamento de lo que pregona? En la interpretación de esta Federación, sí. Si se asume que las necesidades de las personas sordas no son iguales a las de las personas con discapacidad auditiva, ¿cómo pueden ser comparables a las de las personas con sordoceguera, una discapacidad con un perfil sensorial diferente y de mayor complejidad asistencial? ¿Por qué se les desingulariza? ¿Por qué se prevén acciones asistenciales únicamente para dos de los tres colectivos?

Segunda paradoja: “personalidad”

La citada Memoria explica también otro valor: “Personalidad” en cambio hace referencia al individuo, al conjunto de características que determinan la forma de ser y de actuar de una persona” (p. 23). Se omite aquí otra gran realidad de la sordoceguera: la significativa variabilidad en el perfil poblacional.

La especial mezcla de circunstancias que determina el perfil asistencial de las personas sordociegas obliga al diseño de intervenciones a medida, un enfoque mucho más personal que en las otras discapacidades. Las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación son recursos necesarios, pero nunca suficientes para atender el amplio abanico de necesidades de las personas sordociegas.  Es la combinación, a medida, de muchos soportes diferentes lo que permite atender a la persona en cuanto a su particular condición y demanda. Y estas otras ayudas tampoco encuentran lugar en el Proyecto.

Ni orientación ni movilidad

Las personas sordociegas enfrentan evidentes dificultades en materia de orientación y movilidad que hacen fundamental disponer de ayudas específicas para moverse y desplazarse con los mínimos riesgos posibles.

Si bien es cierto que el reglamento es específico en materia de comunicación, ¿dónde quedan recogidas las horas de atención que en las áreas de orientación y movilidad requiere una persona con esta discapacidad? ¿Cómo se desplaza de un sitio a otro, en entornos desconocidos, frente a un obstáculo o a una parada de bus suprimida? No hay no orientación ni movilidad para las personas con sordoceguera en el Reglamento de la ley 27/2007.

El Título III y las medidas para la sordoceguera

La Ley 27/2007, en su Disposición adicional sexta. Atención a la sordoceguera, establece: “El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realizará un estudio en el que se determine el número de personas con sordoceguera, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica, a efectos de determinar los centros de referencia que se deberán crear, así como el establecimiento de recursos más acordes con las especiales necesidades de este colectivo”[1]. A tal efecto el Título desarrolla tres artículos:

  • Artículo 23. Definición de sordoceguera
  • Artículo 24. Atención a la sordoceguera
  • Artículo 25. Centros de referencia estatal

El primero, por sus propias características, no presenta novedad alguna; el segundo indica que: “Son de aplicación a las personas con sordoceguera las previsiones de este Título, sin perjuicio de la general aplicación de las previsiones de los Títulos I y II de este Reglamento”; y el tercero desglosa las funciones que deberá cumplir un previsible Centro de referencia estatal. Acabado este último artículo termina también el apartado dedicado a la sordoceguera. Sin indicación alguna ni a los aspectos antes citados, específicos de la atención a la sordoceguera, ni al estudio que determine el número de personas con sordoceguera, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica.

Sobre este último punto, la Memoria anuncia: “El ‘Estudio sobre las personas con sordoceguera en España’ se realizó y se remitió a la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad del IMSERSO, en cuya reunión de 27 de junio de 2013 se acordaron los criterios de valoración de las personas con sordoceguera” (…) (p. 44).

La realización del estudio constituye para esta Federación una absoluta primicia. No solo data de 2013, sino que sus resultados restan sin saberse publicados y, por descontado, totalmente desconocidos para esta entidad.

La misma Memoria incluye cuadros estadísticos correspondientes a la población con discapacidad en España, por tipo, y en ella se incluyen, entre otros, las que corresponden a sordera y ceguera, pero no la de sordoceguera, cuyos datos, en teoría, ya existen. Si el estudio se da por realizado y sobre sus datos se programan y calculan las atenciones al colectivo de personas sordociegas, ¿cómo se realiza el cálculo sobre unas cifras omitidas? ¿de qué manera el futuro Reglamento garantiza que las atenciones están destinadas a un colectivo del que no consta ningún dato en la Memoria? ¿confirma esto que el Título III es un texto vacuo, sin intención práctica de establecer atenciones para la sordoceguera?

Estimación del gasto público

El Análisis de Impactos de la Memoria, en su apartado 3, “Impacto económico y presupuestario”, comienza: “Este reglamento no supone incremento de gasto, ya que las medidas que establece son desarrollo de las ya aprobadas por la Ley 27/2007, aunque tiene el impacto presupuestario de la implementación de las medidas” (p. 52).

Una primera apreciación es que, si ya actualmente no existe ningún tipo de previsión presupuestaria destinada a dar soporte comunicativo específico para las personas sordociegas, entonces el Proyecto no hace sino perpetuar esta situación. No hay que perder de vista que el articulado hace un redactado confuso en este sentido, ya que el Artículo 3, “Definiciones”, incluye específicamente tres tipos de servicios profesionales:

  • Servicios de mediación comunicativa.
  • Servicios de interpretación o de videointerpretación en lengua de signos española.
  • Servicios de guía-interpretación.

De aquí se deduce que los tres deben haber sido considerados en la previsión presupuestaria. Sin embargo, en el Análisis de Impactos se encuentra que el cálculo en materia de costes se ha realizado con base a lo que denomina Unidad de servicio (interpretación de lengua de signos), que el texto define como: “prestación que puede ser realizada por un intérprete durante un tiempo no superior a 45 minutos”; y que ha sido calculado sobre un coste medio de referencia de 30,41 € por unidad según convenio SESSI-CNSE. No hay alusión alguna a cálculos para los otros dos servicios.

Se desprenden de aquí como mínimo dos incógnitas. La primera, si se definen con intención asistencial tres tipos de servicios profesionales, pero se presupuesta con base a solo uno, ¿se puede concluir entonces que no se prevé la prestación de los otros dos servicios? (justamente los más indicados para el perfil de personas sordociegas). La segunda, si se presume que sí se prestarán los otros servicios (mediación y guía-interpretación), entonces ¿estos se verán retribuidos todos al mismo precio de 30,41 €/u, tal como estipula el único cálculo? Y no menos importante, cuando se prevea la subvención nominativa del MSSSI, ¿con qué entidades realizará el convenio?, ¿se diversificará para cada colectivo?

Sordoceguera en el Reglamento de la ley 27/2007: medidas urgentes

Así como estos aspectos, muchos otros quedan en el aire, con un redactado confuso que en ningún caso incluye atenciones específicas para cada colectivo, con el de la sordoceguera, sin duda, el peor parado. Una situación que no hace sino ampliar la incertidumbre ante un Reglamento que debe garantizar atenciones a personas en especial condición de vulnerabilidad y que, de momento, apunta en sentido contrario.La sordoceguera en el Reglamento de la ley 27/2007 merece un abordaje diferente, justo e inclusivo con urgencia.

Esta Federación mantiene su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones efectivas para las carencias aquí manifestadas y que requieren inmediata solución. Una disposición que requiere de la contraparte de las instituciones, con el objeto de desarrollar un texto normativo que abra verdaderas atenciones inclusivas para las personas con sordoceguera.

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[1] Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Disponible en https://www.mscbs.gob.es/

[2] Memoria disponible en https://www.mscbs.gob.es/

[3] Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Disponible en www.boe.es.

2018-12-04T13:43:27+00:004 Dic, 2018|Noticias|